Apunta a frenar intimidaciones y falsas alarmas en ámbitos educativos.
Las falsas amenazas de tiroteo en los centros educativos de la provincia tienen los días contados. Ante la reiteración de estas intimidaciones públicas que movilizan innecesariamente recursos de seguridad, el Ministerio de Seguridad de Córdoba oficializó un nuevo protocolo que busca trasladar el costo económico de los operativos a los responsables.
¿En qué consiste la medida?
A partir de ahora, cada vez que se realice una falsa amenaza que implique el despliegue de personal policial, brigadas especiales, bomberos o áreas de investigación, el Estado provincial avanzará con el recupero de los gastos generados.
El procedimiento será claro: una vez identificado el autor de la amenaza, se cuantificarán los recursos humanos, móviles y tecnológicos utilizados en la intervención. Posteriormente, se se procederá a la intimación de pago a los padres o adultos responsables del menor implicado, pudiendo derivar en acciones judiciales si fuera necesario.
«No se trata de hechos menores»
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad provincial, fue contundente al respecto: «Cada operativo moviliza sistemas de emergencia y capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia». El funcionario destacó que estas falsas alarmas no solo generan un gasto innecesario, sino que alteran el normal funcionamiento escolar y provocan angustia en toda la comunidad educativa.
La medida, implementada en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba, ratifica una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. Con este nuevo protocolo, la Provincia busca desincentivar estas prácticas, garantizando que el personal de seguridad esté enfocado en la protección real de los vecinos y no en resolver situaciones generadas por la irresponsabilida.
